Noticia publicada en el diario El País
Los duros efectos de la crisis económica sobre el déficit público y el empleo han propiciado un retorno del debate europeo en torno a la inmigración. No porque se trate de una consecuencia inevitable, sino porque las dificultades que atraviesan la mayor parte de los países de la Unión han creado un caldo de cultivo favorable a la expansión de las propuestas populistas y xenófobas.
Los partidos democráticos, por su parte, no han intentado contenerlas y combatirlas, sino que han preferido disputar electoralmente en el mismo terreno que estas fuerzas emergentes, y ateniéndose a la misma agenda. Medidas contra los inmigrantes que cosechaban una amplia condena hasta fechas recientes se incorporan ahora a los programas electorales y de Gobierno de los partidos democráticos. Y también la Unión Europea (UE) se está dejando arrastrar por esta peligrosa corriente, como ha quedado de manifiesto en el intento felizmente abortado de aprobar la Directiva del permiso único en el Parlamento de Estrasburgo.
El regreso de la inmigración al primer plano político no debería ocultar el cambio de sentido que ha experimentado el debate. Si durante los tiempos de bonanza se centraba en las medidas para canalizar o ralentizar los flujos de trabajadores extranjeros, invocando los supuestos desafíos que su sola presencia representaba para las culturas o identidades nacionales, en estos momentos lo que se discute es cómo privarlos de sus derechos. Y no de los que les corresponden como a cualquier persona -que, por lo demás, no siempre están siendo respetados-, sino de los que han adquirido por haber trabajado legalmente y, por consiguiente, haber cotizado por sus prestaciones y pagado sus impuestos.
En tiempos de ajuste presupuestario y de recortes sociales, el populismo y la xenofobia proponen excluir a los trabajadores extranjeros de los beneficios que les corresponden como fórmula para aliviar el esfuerzo que se exige a los nacionales. Y según demuestran algunas medidas de la Directiva del permiso único, como la de la no exportación de las pensiones, es una tentación a la que no parecen resistirse los partidos democráticos.
Si algo diferencia a estos es que, al contrario que las fuerzas populistas y xenófobas, no se atreven a proponer por sí solos los recortes a los derechos de los trabajadores extranjeros y prefieren recurrir a la UE para que les sirva de coartada. En vez de asumir la ignominia de lo que proponen, buscan descargar la responsabilidad en las instituciones europeas y presentarse como disciplinados ejecutores de sus directrices.
Con esta estrategia allanan el camino al populismo y la xenofobia, al otorgar un marchamo democrático a su agenda y a sus iniciativas. Pero, además, desvirtúan el proyecto de la Europa unida, que va dejando de ser un instrumento en favor de las libertades civiles y el respeto a la ley para convertirse en lo contrario. No basta con que Europa avance hacia cualquier unidad. La única unidad que merece la pena es la que se articula en torno a aquellos principios que están siendo vulnerados para tratar la inmigración.
El número de extranjeros trabajando en la Unión se ha estancado como consecuencia de la crisis. El balance entre los que regresan a sus países de origen y los que llegan se ha equilibrado, y podría inclinarse hacia el descenso de la población inmigrante si persisten las dificultades. Por eso, el retorno del debate sobre la inmigración al primer plano político es un cínico señuelo que esconde lo que de verdad se está jugando la Unión. Por una parte, el principio de igualdad ante la ley; por otra, la universalidad de los derechos sociales. Vulnerados ambos principios, nada impediría que, tras los trabajadores extranjeros, se discriminara a otros colectivos desfavorecidos.
